Los menores y la imputabilidad

por Manuel, Carlos, Cristian y Alexis 04/05/09

8 centros cerrados: para cumplir sanciones privativas de la libertad y la prisión preventiva. Son obligatorias las actividades sociopedagógicas.
3 centros de recepción: también son institutos cerrados. Reciben en primera instancia a los adolescentes aprehendidos por disposición judicial. Además se usan para que cumplan prisión preventiva.
17 centros de contención: para que los chicos cumplan un tipo de prisión preventiva “morigerada” y para medidas de semilibertad, etapa de transición para la inserción en el medio abierto.
19 centros de referencia: para cumplimiento de medidas alternativas a la restricción o privación de la libertad ambulatoria.

Actualmente hay un debate en el Congreso Nacional por la baja en la edad de imputabilidad como respuesta a los reclamos por mayor seguridad. Esto generó un cruce de el Ejecutivo con la Justicia.
Daniel Scioli, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, declaró: “Es una necesidad que tenemos desde las instituciones, de dar una respuesta, porque no podemos decirle a la sociedad que no hay respuesta cuando un chico agarra un arma y mata”.
Las diferencias se centran en que desde el Ejecutivo remarcan que a través de una reforma se contemple el encierro de chicos que cometan delitos como vienen exigiendo allegados a víctimas y distintos manifestantes.
En cambio, miembros de la Justicia bonaerense, como la Procuradora María del Carmen Falbo, destacan que la mejora del último cambio del régimen penal juvenil radica en el proceso de juzgamiento; pero parta que funcione completamente se necesita un sistema de contención y resocialización de los menores. “No hay que mezclar la baja de edad con el problema de la inseguridad. De ninguna manera la baja de la imputabilidad significa poner un freno a los delitos protagonizados por menores.”

¿Qué significa ser menor?
Si un chico de 13 años mata es penalmente inimputable, porque no tiene discernimiento. Pero puede ser condenado civilmente desde los 10.
El Juez de Garantías de menores, Rodolfo Brizuela dijo: “La cárcel no es la solución para un menor. Estos chicos están idos por las drogas y en la provincia no hay un lugar para rehabilitarlos, para un lugar adecuado se necesita inversión que el Estado no ha hecho.”

Menores en conflicto con la ley:
1.463……….entre 16 y 17 años.
661…………con 17 años cumplidos.
236…………menores de 16 años.

El asesinato del camionero Daniel Capristo desató una comprensible ola de inseguridad entre sus vecino y en la ciudadanía en general y reactualizó el problemático tema de los jóvenes delincuentes y los déficit de los sistemas judicial y penal.
Capristo fue asesinado en la puerta de su casa por un asaltante adolescente y delante de su hijo. Este hecho se suma a la serie de delitos protagonizados por menores, muchos de ellos seguidos de muerte.
La participación de menores en delitos graves es un fenómeno de múltiples causas que requiere un tratamiento acorde a su naturaleza del cual somos todos responsables, los poderes públicos, las escuelas, la familia. En esta cuestión el aumento del delito juvenil, de la violencia en el mismo no puede ser ignorado por las autoridades como muchas veces ha sucedido, especialmente en los últimos años. El recurso de no afrontar la realidad no sólo no hace desaparecer los problemas sino que contribuye a su agravamiento a través del tiempo, como sucede con la inseguridad.
En términos concretos, el primer abordaje debe ser contar con sistemas de prevención destinados a crear condiciones de vida apropiada. Para los jóvenes para promover su socialización y evitar que deriven hacia el delito o la drogadicción que suele ser un tránsito hacia el mismo. El segundo, entender una política que garantice la seguridad de las personas ante delincuentes de cualquier edad. Luego del asesinato de Capristo sus vecinos relataron a los medios que en reiteradas ocasiones pidieron refuerzos de la policía sin obtener respuestas satisfactorias. 
Queda finalmente el tratamiento que se da a los jóvenes que delinquen en el que deben articularse el respeto de los derechos de los niños con el resguardo de la seguridad de los ciudadanos.
 

“…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.” Art 18 Constitución Nacional Argentina.

El sistema argentino no cumple ninguno de esos dos requisitos porque la infraestructura existente no ofrece las condiciones de alojamiento suficientes ni dignas, ni tampoco adecuadas oportunidades para el estudio y la formación laboral indispensables para la famosa reinserción de los jóvenes. Pero, como respuesta a ese problema, algunos jueces no retienen a delincuentes que consideran poco peligrosos, dándoles la oportunidad de  seguir delinquiendo.
Tampoco es adecuado el sistema penal. Desde hace más de diez años se desarrolla un debate sobre la necesidad de adecuar el sistema vigente a la inocultable realidad que se comenta, pero las demoras burocráticas, la desidia y las manipulaciones políticas postergan la disposición de un nuevo régimen.
En relación a esto, el Juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni sostuvo que hoy se aplican penas a los menores sin proceso penal, expresando la necesidad de que dicte una normativa que se ajuste al orden constitucional, al tiempo que sugirió bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para de esa forma garantizar el debido proceso penal.
Como detenido y desde este lugar pensamos totalmente diferente. La solución no la traen papeles y opiniones sino hechos y una política totalmente diferente. Brindemos una real oportunidad a esos menores de capacitarse laboralmente, ser ciudadanos responsables y parte de la misma sociedad, no los discriminemos ya que son parte de la comunidad. Hagamos algo realmente por eso jóvenes. Basta de palabras. 

El Gobierno y sus números.

El Ministerio de Desarrollo Social brindó datos respecto a la situación de los menores con la nueva aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. En la provincia, el sistema tiene registrado 2.360 menores de 18 años en conflicto con la ley. De esa cantidad, el 90% son menores de 16 años. Una cifra que está muy lejos de la realidad, máxime teniendo en cuenta que los menores ocupan un alto porcentaje de participación en los delitos. Los menores con mayores problemas con la ley son los que cuentan con 16 y 17 años.
El Gobierno promovió la creación de las leyes provinciales de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley 13.634)  y de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños (Ley 13.298). En casos de extrema gravedad los fiscales pueden pedir a los jueces de garantías que dicten la restricción de libertad ambulatoria del niño imputable.
¿El Gobierno asumirá su responsabilidad y compromiso de brindarles a esos chicos un futuro? Simplemente NO. La sociedad toda necesita asumir la responsabilidad de los menores en situación de riesgo, brindarles herramientas para su desarrollo, que puedan tener la oportunidad de un futuro provisor en institutos especializados.